El gobierno boliviano está buscando cerrar una difícil negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para arribar a la redacción de una carta de intención, condición para que la comunidad internacional desembolse alrededor de u$s 4.000 millones destinados a reactivar la economía.
El ministo de hacienda, Javier Colombo, anunció que sin la firma del acuerdo con el FMI, el congreso no podrá aprobar el presupuesto general de la nación para el año 2003, atento a que se deben establecer los ingresos y egresos que sean compatibles con las metas y objetivos que se negocien con el mencionado organismo financiero internacional.
Este retraso en la aprobación del presupuesto 2003 afectará directamente los niveles de ejecución de la inversión publica. El equipo económico del gobierno de Sanchez de Lozada está trabajando intensamente para alcanzar el acuerdo, pero el principal obstáculo es el alto déficit fiscal, que ya habría superado el 8% (según fuentes extraoficiales).
Al respecto, la anterior gestión del presidente Hugo Banzer había sugerido en el año 2000 – fecha del último acuerdo con el FMI – que la parte del déficit correspondiente a la cuenta de la reforma del sistema de pensiones fuera considerada de manera marginal.
Si el acuerdo se logra, habría lugar para el optimismo, ya que paralelamente al futuro ingreso de fondos frescos, los indicadores económicos bolivianos señalan que un leve incremento de la actividad.